art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n<\/a> sino aquellas propias que dimanan de la Ley de arbitraje (igualdad, audiencia y contradicci\u00f3n) y que en ning\u00fan caso la acci\u00f3n de nulidad contra el Laudo podr\u00e1 ser v\u00eda h\u00e1bil para corregir la aplicaci\u00f3n del derecho que err\u00f3neamente haya podido realizar el \u00e1rbitro<\/strong><\/span>, ni para controlar la falta de aplicaci\u00f3n de jurisprudencia consolidada de los Tribunales de justicia sobre el asunto litigioso, ni revisar hechos o valorar prueba, ni reinterpretar la motivaci\u00f3n del Laudo aunque pueda parecernos insuficiente o manifiestamente equivocada; y todo ello en el marco de esa excepcionalidad y criterio restrictivo que caracteriza la acci\u00f3n de nulidad del Laudo arbitral y que tan solo podr\u00e1 prosperar si se dan sobradamente alguna de las causas tasadas, sin m\u00e1s recorrido en la excepcional revisi\u00f3n de prueba o motivaci\u00f3n del Laudo que los supuestos de clamoroso error patente o pura arbitrariedad.<\/p>\nPresupuesto lo anterior, y al formular la correspondiente acci\u00f3n judicial ante los Tribunales, no debe olvidar el letrado que invoque la concreta causa de nulidad que a \u00e9l le corresponde la carga de su prueba<\/strong><\/span> y que las especialidades procedimentales del cauce judicial para postular la nulidad contienen caprichosos tr\u00e1mites y lagunas que desnaturalizan por completo la remisi\u00f3n general que en teor\u00eda se pretende al procedimiento de juicio verbal, especialidades que abarcan diversos tr\u00e1mites y que se proyectan en todas direcciones:<\/strong><\/span><\/p>\n\n
\n- La demanda que da origen al juicio verbal debe reunir las condiciones de la demanda del juicio ordinario,<\/strong><\/span> y adem\u00e1s con la exigencia l\u00f3gica de acompa\u00f1ar el Laudo y el correspondiente convenio arbitral (excepto en el supuesto de que este no existiera y tal fuera la causa para postular la nulidad). Nada nos dice la Ley de arbitraje sobre si la contestaci\u00f3n debiera tambi\u00e9n acomodarse a las normas del juicio ordinario, pero cabr\u00eda presuponerlo y mejor respetar tal premisa. Debi\u00e9ramos tambi\u00e9n ser conscientes de que en principio parece del todo imposible una demanda reconvencional, ya no s\u00f3lo porque la Ley no la contemple sino porque ser\u00eda ofrecer al demandado la posibilidad de que ignorase el plazo de dos meses de caducidad que para el ejercicio de la acci\u00f3n contempla la Ley.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
\n- Respecto a la proposici\u00f3n de prueba ,debe articularse en los escrito de demanda y contestaci\u00f3n, pero con la peculiaridad de que la actora dispondr\u00e1 de un tr\u00e1mite adicional para proponer nuevas pruebas a la vista de las que se interesen en el escrito contestando a la demanda<\/strong>,<\/span> lo que puede interpretarse como una falta de igualdad entre las partes, cuesti\u00f3n que pudiera suscitar la demandada al momento de celebrarse la vista oral y pedir, en el tr\u00e1mite de proposici\u00f3n de prueba que contempla el juicio verbal, una nueva oportunidad de adicionar pruebas a la vista de la segunda propuesta de la actora. En cualquier caso, respecto al tr\u00e1mite probatorio, nos encontramos con problemas adicionales como el de preguntarnos cu\u00e1ndo se admite la prueba, si en ese momento procesal inicialmente previsto en la vista del juicio verbal, o con anterioridad si no se solicita vista (encontr\u00e1ndonos ante pruebas tan solo documentales y\/o periciales, con el an\u00f3malo planteamiento que contempla la Ley de arbitraje de considerar que no se precisa la vista para la ratificaci\u00f3n de las periciales cuando es la propia LEC la que no contempla tal tr\u00e1mite obligatorio, lo que nos lleva a deducir que seguramente la Ley se refiere al desarrollo y complemento del dictamen y en su caso cr\u00edtica a los posibles informes periciales de la contraparte).<\/li>\n<\/ul>\n
\n
\n- Por \u00faltimo, nos encontramos ante la posibilidad de que se solicite vista, sin pr\u00e1ctica de pruebas presenciales, interes\u00e1ndose la pr\u00e1ctica de informe oral<\/strong><\/span> (no contemplado de forma obligatoria para el juicio verbal) informe que podr\u00eda servir a la parte demandada para poder realizar una cr\u00edtica sobre las pruebas propuestas por la actora en ese tr\u00e1mite adicional del que dispone.<\/li>\n<\/ul>\n
\n
En otro orden de cosas, recordemos que el ejercicio de la acci\u00f3n de nulidad no suspende la plena ejecutabilidad del Laudo pero la ley s\u00ed contempla su suspensi\u00f3n a solicitud de la parte ejecutada siempre que ofrezca cauci\u00f3n por valor de la condena m\u00e1s los da\u00f1os y perjuicios<\/strong><\/span> y previa pr\u00e1ctica de la preceptiva audiencia para que las partes puedan pronunciarse al respecto, lo que suscita nuevos interrogantes como si el mero ofrecimiento de cauci\u00f3n es suficiente, o es obligatoria su exigencia y pago, c\u00f3mo se determina el importe (y m\u00e1s en los supuestos de litigio no meramente econ\u00f3mico), c\u00f3mo se instrumentaliza ese tr\u00e1mite de audiencia que la ley no concreta, y en definitiva, si puede llegar a denegarse excepcionalmente dicha suspensi\u00f3n, o puede acordarse tan solo de forma parcial (atendiendo a que la futura estimaci\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad pudiera afectar \u00fanicamente a ciertos pronunciamientos del Laudo).<\/p>\nPor \u00faltimo, puede resultar interesante una reflexi\u00f3n sobre si esta acci\u00f3n de nulidad<\/strong><\/span> que comentamos resulta para los letrados, y en general para los operadores jur\u00eddicos y los usuarios de este m\u00e9todo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, una ventaja frente a un posible recurso de apelaci\u00f3n contra los Laudos<\/strong><\/span> que, a diferencia de nuestro pa\u00eds, se contempla de forma excepcional en el derecho comparado.<\/p>\nA mi modo de ver tal opci\u00f3n, tanto si lo focalizamos como un recurso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria o una segunda instancia dentro del propio proceso arbitral, no resulta acorde con dos de los principios fundamentales del arbitraje, como son la celeridad y la determinaci\u00f3n de que el mejor \u00e1rbitro dicte el Laudo en primera y \u00fanica instancia<\/strong>,<\/span> principios que un recurso de apelaci\u00f3n podr\u00eda diluir, debi\u00e9ndose considerar a mayor abundamiento que si lo que se pretende es una intervenci\u00f3n colegiada para la valoraci\u00f3n de las pruebas y consideraciones jur\u00eddicas que condicionen el Laudo, la Ley de arbitraje da una soluci\u00f3n muy clara al respecto: tres, cinco, siete, o cualquier n\u00famero impar de \u00e1rbitros pueden constituir el colegio arbitral, lo que garantiza esa visi\u00f3n conjunta y complementaria por parte de cada uno de los \u00e1rbitros y no con car\u00e1cter meramente revisorio (como posibilitar\u00eda un recurso de apelaci\u00f3n) sino mediante una valoraci\u00f3n directa de la prueba practicada a presencia del colegio arbitral y el exigible debate en la deliberaci\u00f3n para dictar el Laudo sin que en principio puedan presumirse las sospechas que sobre los \u00f3rganos colegiados de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en ocasiones existen entendiendo que s\u00f3lo el ponente es quien realmente realiza esa revisi\u00f3n de Sentencia en segunda instancia.<\/p>\nEn definitiva, veo m\u00e1s sombras que luces en el posible recurso de apelaci\u00f3n, pero no olvidemos que el propio principio de autonom\u00eda de la voluntad posibilita esa segunda instancia arbitral, si as\u00ed lo quieren las partes<\/strong>,<\/span> pero desde luego nunca una segunda instancia judicial a \u201cla carta\u201d por cuanto resulta no disponible dicha alternativa acumulando v\u00eda arbitral y judicial de forma caprichosa y a conveniencia.<\/p>\nOtro tema es que pudiera resultar \u00fatil alg\u00fan sistema de recursos ante el Tribunal Supremo, s\u00f3lo para unificaci\u00f3n de doctrina, ante la disparidad de criterios que puede ocasionar la jurisprudencia contradictoria de tantos Tribunales Superiores de Justicia<\/strong>, <\/span>sistema cuyo inter\u00e9s patentiza la pol\u00e9mica en su momento suscitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que el Tribunal Constitucional corrigi\u00f3, con una intervenci\u00f3n posiblemente extensiva de su competencia, pero salvando desde luego la idea misma del arbitraje que la estimaci\u00f3n de algunas acciones de nulidad por parte TSJM hab\u00eda puesto en peligro contraviniendo muchos de los principios y recomendaciones hasta aqu\u00ed expuestas. <\/span><\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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