[et_pb_section fb_built=\u00bb1″ admin_label=\u00bbsection\u00bb _builder_version=\u00bb4.21.0″ custom_padding=\u00bb0px|||||\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_row admin_label=\u00bbrow\u00bb _builder_version=\u00bb4.20.2″ background_size=\u00bbinitial\u00bb background_position=\u00bbtop_left\u00bb background_repeat=\u00bbrepeat\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4″ _builder_version=\u00bb4.16″ custom_padding=\u00bb|||\u00bb pac_dcm_carousel_specific_module_num=\u00bb0″ global_colors_info=\u00bb{}\u00bb custom_padding__hover=\u00bb|||\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_text admin_label=\u00bbText\u00bb _builder_version=\u00bb4.21.0″ background_size=\u00bbinitial\u00bb background_position=\u00bbtop_left\u00bb background_repeat=\u00bbrepeat\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb]<\/p>\n
Autor<\/strong><\/span>: Josep Maria Juli\u00e0<\/a><\/p>\n Abogado y \u00e1rbitro del TAB<\/span><\/p>\n Delegado del TAB en Madrid.<\/span><\/a><\/p>\n Socio Director de Delegaltessen<\/p>\n Fecha<\/strong><\/span>: 19\/06\/2023<\/p>\n Tiempo de lectura<\/strong><\/span>: 5 min.<\/p>\n \n \n \n \n En los casos Suovaniemi<\/a> y Mutu<\/a>, el TEDH ya aclar\u00f3 que la renuncia impl\u00edcita en el convenio arbitral no es absoluta<\/strong>, <\/span>siendo posible para algunos derechos \u2014derecho de acceso a la justicia o audiencia p\u00fablica\u2014 pero no respecto a otros derechos \u2014imparcialidad del juzgador\u2014. As\u00ed ocurri\u00f3 en el caso Beg<\/a>, en el que el TEDH entendi\u00f3 que, a pesar de someterse voluntariamente a arbitraje, la demandante no hab\u00eda renunciado nunca a la imparcialidad de los \u00e1rbitros, motivo por el que Italia hab\u00eda infringido el derecho de tutela judicial porque no anul\u00f3 el laudo arbitral por dicho motivo.<\/p>\n El caso Beg ilustra como funciona el mecanismo de protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales en el arbitraje voluntario. Para verificar si la renuncia mediante arbitraje es inequ\u00edvoca, debemos examinar si la legislaci\u00f3n nacional aplicable al arbitraje reconoce en dicho arbitraje ciertas garant\u00edas comparables a las garant\u00edas comprendidas en el derecho fundamental de tutela judicial. Si la ley aplicable reconoce unos derechos comparables y concede a los \u00f3rganos judiciales el poder para remediar la infracci\u00f3n de dichos derechos<\/strong><\/span> \u2014la anulaci\u00f3n del laudo o la denegaci\u00f3n de su execu\u00e1tur\u2014, el mero convenio arbitral no supone una renuncia inequ\u00edvoca a dichas garant\u00edas arbitrales comparables a las garant\u00edas procesales de la tutela judicial<\/strong>.<\/span> En todo caso, la parte debe ser diligente y perseverar en su reclamaci\u00f3n procesal para evitar la existencia de una renuncia t\u00e1cita por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 6 de la Ley de Arbitraje (\u201cLA\u201d), as\u00ed como el incumplimiento del requisito de agotamiento de recursos en el art\u00edculo 44.1 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Constitucional o el art\u00edculo 35 del CEDH.<\/p>\n En su sentencia 17\/2021<\/a> respecto a la obligaci\u00f3n de motivaci\u00f3n del laudo arbitral, los argumentos del TC parecen alinearse con la posici\u00f3n del TEDH. La protecci\u00f3n de la motivaci\u00f3n del laudo no deriva directamente de la Constituci\u00f3n sino de su reconocimiento en el art\u00edculo 37.4 de la LA, existiendo un canon de control comparable a pesar de sus diferencias respecto a la motivaci\u00f3n de las sentencias. Las actuaciones arbitrales son controladas solo por los motivos de impugnaci\u00f3n legalmente admitidos y por los cauces procesales establecidos para dicha revisi\u00f3n. El dispositivo de protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales en el arbitraje operar\u00eda as\u00ed de forma an\u00e1loga al derecho de recurso contra resoluciones en la jurisdicci\u00f3n civil <\/strong><\/span>reconocido por el TC<\/a>. Aunque no existe obligaci\u00f3n de establecer un derecho a recurrir, si la ley lo establece, dicho derecho al recurso se integra en la tutela judicial, siendo un derecho de configuraci\u00f3n legal con una protecci\u00f3n constitucional indirecta. \u00a0<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 derechos reconocidos por la LA ser\u00edan comparables a las garant\u00edas procesales de tutela judicial y, por consiguiente, no se considerar\u00edan impl\u00edcitamente renunciados por la mera sumisi\u00f3n a arbitraje voluntario? Los derechos comparables m\u00e1s obvios son la independencia e imparcialidad del \u00e1rbitro, la igualdad de las partes y los derechos de audiencia y contradicci\u00f3n<\/strong><\/span> (art\u00edculos 15.2, 17 y 24.1 de la LA). Aunque la obligaci\u00f3n de motivaci\u00f3n de los laudos es tambi\u00e9n susceptible de tal comparabilidad,\u00a0 debemos precisar que dicho derecho no se extiende a los laudos extranjeros en virtud del art\u00edculo 1.2 de la LA. Como la expiraci\u00f3n del plazo para dictar laudo no determina su ineficacia en la actual LA, a falta de pacto expreso sobre un plazo perentorio y la restricci\u00f3n de los poderes de los \u00e1rbitros o instituciones para modificar los plazos, no parece probable que exista un derecho comparable a la duraci\u00f3n razonable del procedimiento aunque haya sido objeto de consideraci\u00f3n por el TC<\/a> y el TEDH<\/a> en alg\u00fan caso puntual. La confidencialidad exigida por el art\u00edculo 24.2 de la LA tambi\u00e9n parece excluir la existencia en el arbitraje de un derecho comparable a la audiencia p\u00fablica.<\/p>\n La configuraci\u00f3n legal y protecci\u00f3n indirecta de la tutela judicial en el arbitraje voluntario tiene algunas implicaciones. La garant\u00eda arbitral no coincidir\u00e1 necesariamente con la garant\u00eda judicial comparable. <\/strong><\/span>Por ejemplo, los criterios de imparcialidad de un \u00e1rbitro no tienen que ser id\u00e9nticos a los de la imparcialidad de un juez. Como se\u00f1al\u00f3 el TEDH en el caso Mutu, el mero hecho de la intervenci\u00f3n de las partes en el nombramiento de los \u00e1rbitros de un tribunal requiere una interpretaci\u00f3n m\u00e1s flexible. Tampoco deben coincidir necesariamente los remedios reconocidos por la ley para la infracci\u00f3n de dicha garant\u00eda procesal<\/strong><\/span>, tal como ilustra el car\u00e1cter limitado de la revisi\u00f3n del laudo arbitral en la LA.\u00a0 Asimismo, las garant\u00edas arbitrales pueden variar en cada Estado dependiendo de su legislaci\u00f3n<\/strong>. <\/span>Como pudimos observar en el caso Nordstr\u00f6m<\/a>, el legislador puede escoger entre distintos criterios para verificar la imparcialidad del \u00e1rbitro. Dichas diferencias tambi\u00e9n pueden manifestarse en cuestiones sobre la igualdad de partes \u2014la admisi\u00f3n de un n\u00famero par de \u00e1rbitros\u2014 o el derecho de contradicci\u00f3n \u2014las condiciones para la aplicaci\u00f3n del principio iura novit arbiter<\/em>\u2014.<\/p>\n \u00bfPodr\u00eda el Estado excluir todas las garant\u00edas procesales en el arbitraje voluntario? Aunque los mismos TC y TEDH han admitido la posible exclusi\u00f3n de la protecci\u00f3n de alguna garant\u00eda procesal, toda exclusi\u00f3n debe ser justificarse mediante medidas razonablemente proporcionales para la consecuci\u00f3n de un objetivo leg\u00edtimo. La revisi\u00f3n por el TEDH de la proporcionalidad de la limitaci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n del laudo en el caso Tabbane<\/a> parece indicar que la Convenci\u00f3n de Nueva York<\/a> y la Ley Modelo de la CNUDMI<\/a> podr\u00edan ser la referencia de un est\u00e1ndar m\u00ednimo de protecci\u00f3n. Resulta inveros\u00edmil que la exclusi\u00f3n para el arbitraje del derecho a la imparcialidad del \u00e1rbitro, la igualdad de las partes y el derecho de audiencia y contradicci\u00f3n pudiera justificarse por ning\u00fan objetivo leg\u00edtimo<\/strong>.<\/span><\/p>\n Aunque indirecta y de configuraci\u00f3n legal, la protecci\u00f3n de las garant\u00edas procesales en el arbitraje voluntario como parte del derecho fundamental de tutela judicial podr\u00eda ser objeto de abuso, agravando los nocivos efectos de las t\u00e1cticas de guerrilla y la paranoia procesal en la eficiencia del arbitraje mediante la multiplicaci\u00f3n de recursos ante el TC o el TEDH. Sin embargo, la tentaci\u00f3n de abuso de la protecci\u00f3n indirecta de la tutela judicial en el arbitraje voluntario deber\u00eda quedar frustrada por la actuaci\u00f3n diligente de \u00e1rbitros, instituciones arbitrales y \u00f3rganos judiciales y la estricta aplicaci\u00f3n del requisito de agotamiento de recursos<\/strong>.<\/span><\/p>\n \n \n\n
El Tribunal Constitucional<\/a> (\u201cTC\u201d) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos<\/a> (\u201cTEDH\u201d) han admitido que la sumisi\u00f3n a arbitraje de forma libre, l\u00edcita e inequ\u00edvoca, supone una renuncia v\u00e1lida al derecho de acceso a la justicia que forma parte de<\/span> la tutela judicial garantizada por el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n y el art\u00edculo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (\u201cCEDH\u201d). \u00bfSignifica esto que las garant\u00edas procesales propias de la tutela judicial no gozan de la protecci\u00f3n como derecho fundamental en el seno del arbitraje voluntario? No, aunque el arbitraje no es un equivalente de la jurisdicci\u00f3n al que se aplique de forma plena y directa la tutela judicial, este derecho fundamental extiende su protecci\u00f3n indirecta a algunas garant\u00edas procesales comparables.<\/span><\/h3>\n<\/blockquote>\n